La Justicia de Santa Fe suspendió el cramdown de la cerealera Vicentin hasta tanto no se resuelva la confirmación o el rechazo a la homologación de pago para el cierre del concurso de acreedores que había solicitado la empresa. Así lo dispuso hoy la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, que dio lugar a la solicitud presentada por la compañía. Modificó el efecto de recursos concedidos y los dejó con “efecto suspensivo”.

El 15 del actual, el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, rechazó la propuesta de homologación de pago para el cierre del concurso de Vicentin, que entró en ese proceso con más de US$1500 millones de deuda. Tomó esa medida pese que se habían conseguido las cápitas y el capital necesario. Además, el magistrado ordenó “la apertura del período de concurrencia”, según el artículo 48 de la ley de Concursos y Quiebras. Este artículo es para que un acreedor o interesado externo formule una propuesta superadora y se quede con la compañía mediante lo que se llama cramdown. Ambas decisiones fueron apeladas por la cerealera.

“Confiamos en la Justicia, que se compone de diferentes instancias, en donde una decisión desafortunada puede ser corregida, que es lo que ocurrió acá”, manifestaron desde la cerealera a LA NACION luego de que se conociera la decisión de la Cámara. “Esperamos prudentemente la sentencia que resuelva el fondo de la cuestión, que es la homologación de la propuesta de acuerdo”, agregaron.

Ahora, con la decisión de los jueces de la Cámara Santiago Dalla Fontana y Mauricio Sánchez, el proceso concursal entrará en una especie de “fase de espera” en la que la empresa continuará operando, pero el juez Lorenzini se verá limitado en su capacidad para tomar medidas judiciales hasta que sus superiores en la Cámara decidan sobre el punto crucial: ratificar la sentencia que rechazó la homologación, emitida por el juez, o aceptar la solicitud de la empresa en concurso para homologar el acuerdo que presentaron.

En rigor, para intentar salir del concurso, la empresa elaboró una propuesta de pago a 12 años para devolver a los acreedores poco más del 30% de la acreencia. En rigor, abonaría al cabo de ese tiempo unos US$520 millones, con unos 300 millones de dólares en los dos primeros años. En tanto, para fortalecer la operación sumó en su estrategia como interesados estratégicos a Viterra Argentina y Bunge, además de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Estas tres empresas se quedarían con el 95% de la compañía al final del proceso, mientras que los accionistas controlarían el restante 5%.