Durante el fin de semana en Olivos, Alberto Fernández y Martín Guzmán protagonizarán una reunión clave para destrabar la negociación con los principales fondos que invirtieron 66.000 millones de dólares en títulos soberanos. En ese encuentro a puertas cerradas, el Presidente decidirá la posibilidad de dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que permita abrir una nueva instancia de diálogo con poderosos bonistas que desconfían del ministro de Economía y se preparan para demandar por default a la Argentina.

El DNU fue una propuesta de Guzmán y su objetivo es suspender la aplicación del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. “El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública (...) mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”, sostiene el articulo 65 que se pretende suspender durante las negociaciones con los acreedores privados.

En términos simples, Guzmán estaría en condiciones legales de cerrar un canje de la deuda si obtiene al menos dos variables de las tres previstas en el artículo 65: un mayor plazo para pagar, una quita del capital adeudado o reducir los intereses que se perciben por los títulos emitidos.

Hasta anoche, el ministro de Economía sólo tenía a su favor la poda de los cupones previstos en su oferta oficial. Eso intereses caen de un 7 por ciento promedio al año, a un 0.5 por ciento a pagar en noviembre de 2023.

Y respecto al plazo de los vencimientos y a la quita de capital (haircut), Guzmán ayer no tenía nada. Y es muy difícil que lo tenga: durante la administración de Mauricio Macri se emitió un bono por cien años, y sus titulares no quieren extender su maduración. Y en cuanto a la quita del capital prevista en la oferta oficial, los acreedores privados pretenden eliminar esa variable con poco impacto financiero.

Entonces, Guzmán propuso a Alberto Fernández la publicación del DNU suspendiendo el artículo 65 de la ley de Administración Financiera, para salir del laberinto que se autoconstruyó durante las negociaciones con los bonistas bajo legislación extranjera.

Es decir: de las tres condiciones del artículo 65, el titular del Palacio de Hacienda sólo tendría una asegurada. La reducción de las tasas de interés. Pero como el eventual DNU, suspende esa disposición clave de la Ley de Administración Financiera, ya no haría falta mantener la quita de capital (haircut) para negociar acorde a derecho.

Sin haircut, el deal estaría más cerca.

Alberto Fernández y Martín Guzmán durante una reunión de trabajo en la quinta de Olivos
A diferencia de otras oportunidades, adonde avalaba todas las sugerencias de su ministro de Economía, Alberto Fernández decidió tomarse un tiempo y hacer una ronda de consultas antes de firmar el DNU que sugirió Guzmán.

Hace casi cuatro meses, el Presidente logró la sanción de la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que en su artículo primero ratifica la vigencia del artículo 65 que Guzmán desea suspender para destrabar las negociaciones con los fondos de inversión.

Aún más: cuando el ministro era desconocido y ya daba clases en Columbia, asesoró al bloque de diputados del peronismo frente a la pretensión de Mauricio Macri de suspender el artículo 65 de la ley de Administración Financiera. En ese momento, Guzmán recomendó rechazar la iniciativa de Macri alegando que se le daba un poder discrecional a la Casa Rosada.

Pero al margen del eslalon jurídico, Alberto Fernández ya escuchó que es posible cerrar con la mayoría de los bonistas sin tener necesidad de dictar un DNU, que sería criticado por la oposición y observado con cierto desdén por los acreedores privados que están cansados de la inseguridad jurídica en la Argentina.

Los fondos se dividen en tres bloques diferentes. Grupo Argentina Ad Hoc, que lidera BlackRock, Fidelity y Ashmore; el Comité de Acreedores de la Argentina, representados por Greylock Capital, Gramercy y Fintech; y el Grupo de Bonistas del Canje, que reúne a Monarch, Cyrus, HBK y VR, entre otros fondos de inversión.

El Grupo Argentina Ad Hoc y el Grupo de Bonistas del Canje ayer se negaron a extender su acuerdo de confidencialidad (NDA) y publicaron en conjunto la última oferta que presentaron a Guzmán. Esa propuesta ya fue adelantada por Infobae, y su número clave no tuvo una mejora explícita: exigen 53 dólares promedio de Valor Presente Neto (NPV).

Larry Fink, CEO de BlackRock, uno de los principales acreedores privados de la Argentina
A principios de mayo, el Grupo Argentina Ad Hoc y el Grupo de Bonistas del Canje tenían estrategias diferentes. BlackRock apretaba los dientes, y Monarch se mostraba un tanto más conciliador. Ahora juegan juntos y se plantaron en 53 dólares promedio de NPV.

Esta alianza táctica es una mala noticia para Alberto Fernández y Guzmán. Si no logran sumar a estos fondos, el canje habrá fracasado y la aceleración del default será una profecía autocumplida.

El jefe de Estado y su ministro de Economía cuentan con la predisposición del Comité de Acreedores de la Argentina, encabezados por Greylock Capital, Gramercy y Fintech. Sin embargo, esa predisposición no significa que aceptaron la propuesta de Guzmán.

Fintech es liderada por David Martínez, un inversionista mexicano que es amigo de Alberto Fernández. Martínez le dijo al Presidente que el deal se puede cerrar, si el ministro deja por un rato su lógica académica entrenada en Columbia.

El Comité de Acreedores de la Argentina propone 52 dólares promedio de NPV, una cifra por debajo de BlackRock y sus asociados (53 de NPV), y muy por encima de la última oferta que reveló Infobae hace unos días: 45 dólares promedio de NPV.

En este contexto, Alberto Fernández tiene dos caminos para evitar una denuncia por default en los tribunales de Manhattan. O avala el DNU que propuso Guzmán, o invierte una cuota parte de su capital político para sentar a todos los fondos en la mesa de negociación y cerrar un acuerdo que aguarda la Casa Blanca, el FMI, la Unión Europea y los acreedores más poderosos de Estados Unidos y Gran Bretaña.

La oferta oficial del Gobierno vence el próximo 2 de junio. Y hasta ahora, Guzmán no logró resultados satisfactorios medidos en niveles de adhesión al canje de la deuda. Obtuvo menos del 20 por ciento de todos los bonistas que aceptaron sentarse a negociar con la Argentina. Una cifra que Olivos decidió guardar como un secreto de Estado para no afectar la imagen negociadora del ministro de Economía.

Alberto Fernández sabe que este fin de semana deberá asumir una decisión respecto a la deuda externa que negocia Guzmán. El Presidente no quiere el default y tampoco excederse en los pagos ante la presión de los acreedores privados.

Desde Washington, ante la estrategia que aún lidera Guzmán, el mensaje llegó a Olivos sin escalas y vía chat: “Arreglen, un default sería catastrófico. Para todos".