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01/12/2022 | Valor Soja
Tanto el directorio de Vicentin como los acreedores granarios creen que el fallo de la Corte Suprema es favorable
La Corte Suprema de Justicia Santa Fe resolvió rechazar un pedido de avocación presentado por acreedores granarios del concurso de Vicentin SAIC y ordenó que el proceso sea continuado por el juez concursal Fabián Lorenzini.

 

La decisión, tomada por unanimidad por todos los integrantes de la Corte Suprema santafesina, fue considerada por voceros del directorio de Vicentin como una medida apropiada.

El director independiente de Vicentin, Estanislao Bougain, expresó su satisfacción por la decisión de la Corte y ratificó su confianza en la justicia para “terminar la reestructuración de la empresa en las condiciones aceptadas por la contundente mayoría de acreedores que representan la mayoría también contundente de capital”.

El comentario hace referencia a la propuesta de rescate diseñada por Vicentin, en la cual participan la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y las filiales argentinas de Bunge y Viterra, que ya cuenta –según la concursada– con las conformidades necesarias para que Lorenzini homologue el acuerdo.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe determinó que la causa de Vicentin debe regresar al juzgado concursal, pero recomendó mejorar la propuesta de rescate

Sin embargo, para los acreedores granarios que presentaron la avocación, liderados por la familia Grassi, el fallo de la Corte Suprema representa una validación del reclamo realizado para solicitar una reformulación de la propuesta de rescate.

Los acreedores granarios consideran que la propuesta concursal impulsada por Vicentin es injusta porque pretende disponer los bienes más valiosos –que están cautelados por la justicia penal– y pagar a sus acreedores un 20% de los más de 1630 millones de dólares que debe.

Y son precisamente esas las observaciones que el fallo de la Corte Suprema hace sobre la propuesta concursal: revisar las ofertas de aquellos acreedores que no están de acuerdo con la misma (como es el caso de los acreedores granarios y el Banco Nación) y resolver la cuestión de los activos cautelados por la justicia penal, además de asegurar las fuentes de trabajo.

La realidad es que tales recomendaciones, si bien provienen de la máxima autoridad judicial de la provincia de Santa Fe, no son vinculantes en lo que respecta a la decisión final de deberá tomar Lorenzini.

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